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La Constitución se lee completa: La restricción de los derechos adquiridos, generada por una protección incoherente de las Áreas Naturales Protegidas

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Luis Martínez D.


1.   Introducción.

El ordenamiento jurídico se identifica como un sistema unitario de relaciones que acompañan a todo tipo de fenómenos que el derecho considera relevantes, asignando ciertos efectos y restringiendo otros, siempre bajo un enfoque sistemático respecto del cual se exige una regla de coherencia permanente. Es por ello que el análisis de coherencia (lógica, formal) de todo tipo de fenómeno jurídico constituye un aspecto esencial que debe ser tomado en cuenta al momento de ejercer funciones públicas, sea para legislar, emitir actos o para resolver controversias.

En esta oportunidad, llamamos la atención sobre un aspecto que actualmente es considerado controversial: La prioridad del régimen de protección de Áreas Naturales Protegidas sobre los derechos adquiridos por concesionarios para explotar recursos naturales. Numerosas opiniones sobre este asunto han sido expuestas desde enfoques de teoría política, económica, social, científica (con la diversidad de especialidades que este enfoque implica), señalando la manera en que debe ser entendida la coherencia entre el derecho a explotar recursos naturales y la protección de Áreas Naturales Protegidas. Nosotros vamos a proponer un enfoque basado en la antes mencionada «regla de coherencia», es decir, un análisis lógico-formal y sistemático del marco normativo que regula los aspectos sujetos a polémica. Después de todo, la controversia está referida a la manera en que deben ser ejercidos dos tipos de derechos (explotación de recursos naturales, por parte de los concesionarios, y gestión de Áreas Naturales Protegidas, por parte del Estado), por lo que un enfoque estrictamente jurídico debería tener cabida[1].

2.                 Punto de partida: La protección constitucional del derecho a explotar hidrocarburos y la función de gestionar Áreas Naturales Protegidas, asignado al Estado.

Para realizar un adecuado análisis jurídico, es preciso iniciar con el desarrollo del marco constitucional que regula los dos aspectos en controversia. En trabajos anteriores hemos explicado que la posibilidad de explotar recursos naturales tiene como punto de partida la atribución del Estado como propietario de estos recursos, ello según lo previsto en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú[2]:

«Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal»

La ley orgánica que fija las condiciones del otorgamiento del derecho a explotar el recurso hidrocarburífero (Ley Nro. 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos) implementó un «Sistema de Contratos», a través de los cuales PERUPETRO S.A. y el denominado «Contratista» manifiestan el acuerdo de voluntades que tiene como efecto la asignación a este último del derecho a realizar las actividades de exploración o de explotación de hidrocarburos, según se acuerde. Precisamente, la implementación de un sistema de contratos tiene como consecuencia que el derecho a realizar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos se encuentre protegido bajo una regla de «solemnidad» de los contratos, previsto en el artículo 62 de la constitución:  

«Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.»

Queda claro, entonces, que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos cuentan con un respaldo constitucional que, en primer lugar, exige una formalidad respecto del tipo de norma en la que se puedan incluir condiciones para fijar el derecho a particulares (Ley Orgánica); y por otro lado, establece un régimen de protección de los acuerdos fijados en los contratos correspondientes, los mismos que no pueden ser modificados por normas legales o cualquier otra disposición.

Por otro lado, la gestión de Áreas Naturales Protegidas es una función del Estado, prevista en el artículo 68 de la constitución:

«Artículo 68.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas»

El artículo antes citado es el punto de referencia para toda la regulación de Áreas Naturales Protegidas. Básicamente, estamos hablando de una obligación estatal de promover este tipo de áreas. Es cierto que en la constitución se establecen diversas disposiciones que hacen referencia a la protección del ambiente o el derecho que tenemos para gozar de un ambiente equilibrado; estas disposiciones serán mencionadas en su oportunidad, como parte de nuestro análisis. Por ahora, hemos precisado la norma específica y expresa que hace referencia a la gestión de Áreas Naturales Protegidas.

3.                 Problemas legislativos: Normas que contravienen la protección constitucional del derecho de propiedad o cualquier tipo de derechos, incluyendo aquellos otorgados mediante concesiones de hidrocarburos.

En base al punto de referencia constitucional antes mencionado, el marco normativo de la gestión de Áreas Naturales Protegidas se inicia con la Ley Nro. 26834 (Ley de Áreas Naturales Protegidas). Esta ley regula los tipos de Áreas Naturales Protegidas, implementa un sistema de gestión de acuerdo al tipo de administración (SINANPE), crea una autoridad nacional (SERNANP), implementa instrumentos de gestión y regula demás aspectos necesarios para el desarrollo de esta función del Estado. A partir de esta norma, se desarrolla una serie de normas reglamentarias emitidas por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos) y por la autoridad nacional (Resoluciones de SERNANP), incluso por los Gobiernos Regionales respecto de las Áreas Naturales Protegidas sujetas a su competencia (Áreas de Conservación Regional).

En lo referido al objeto de nuestro análisis, vamos a detenernos en dos grupos de normas. En primer lugar, analizaremos los artículos 4° y 5° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas:

«Artículo 4.- Las Áreas Naturales Protegidas, con excepción de las Áreas de Conservación Privadas, son de dominio público y no podrán se adjudicadas en propiedad a los particulares. Cuando se declaren Áreas Naturales Protegidas que incluyan predios de propiedad privada, se podrá determinar las restricciones al uso de la propiedad del predio, y en su caso, se establecerán las medidas compensatorias correspondientes. La administración del Área Natural Protegida promoverá la suscripción de acuerdos con los titulares de derechos en las áreas, para asegurar que el ejercicio de sus derechos sea compatible con los objetivos del área»

«Artículo 5.- El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un Área Natural Protegida, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos. Cualquier transferencia de derechos a terceros por parte de un poblador de un Área Natural Protegida, deberá ser previamente notificada a la Jefatura del Área. En caso de transferencia del derecho de propiedad, el Estado podrá ejercer el derecho de retracto conforme al Código Civil»

Un primer análisis permitiría advertir que estos dos artículos regulan únicamente el ámbito de aplicación de los efectos a partir de la creación de un Área Natural Protegida. Sin embargo, en los citados artículos se indica la posibilidad de «determinar las restricciones al uso de la propiedad del predio» o «imponer otras limitaciones al ejercicio de estos derechos», cuando las Áreas Naturales Protegidas involucren derechos de este tipo. Para tal situación, se prevé incluso la posibilidad de establecer las medidas compensatorias correspondientes. Esta facultad, no asignada a ninguna entidad en particular, tiene como principal efecto la restricción de derechos de propiedad; es por ello que el análisis de coherencia se tiene que realizar en función del marco normativo que protege el derecho de propiedad. No obstante, ya podemos ir señalando que la norma constitucional que sustenta la regulación de Áreas Naturales Protegidas no menciona ninguna habilitación para que vía legislativa se incluya una disposición de esta naturaleza restrictiva; la constitucionalidad de esta disposición entonces debe ser encontrada en otra norma constitucional.

El problema de coherencia del artículo 4° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas con el régimen constitucional, es que tiene una directa contradicción con lo dispuesto en el artículo 70 de la constitución:

«Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio»

La norma constitucional antes citada establece una regla general de inviolabilidad del derecho de propiedad, y únicamente establece excepciones por situaciones específicas (seguridad nacional o necesidad pública) que requieren ser establecidas por leyes expresas y originan el derecho del afectado al pago de una indemnización. Esta posibilidad de restringir el derecho de propiedad sustenta la regulación de expropiaciones, actualmente prevista en el Decreto Legislativo Nro. 1192. ¿Se observa la diferencia? El régimen de expropiaciones tiene un sustento constitucional que, bajo un análisis lógico formal, encuentra su validez en la habilitación prevista en el artículo 70 de la constitución. No encontramos ninguna habilitación de este tipo que haya habilitado al legislador para que en la Ley de Áreas Naturales Protegidas se establezca un supuesto de restricción del derecho de propiedad, como se indica en su artículo 4°.

En el caso específico de la posibilidad de restringir derechos de propiedad y demás derechos reales (como es el caso de las concesiones de hidrocarburos), prevista en el artículo 5° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la incoherencia se puede advertir bajo otro enfoque adicional. Como habíamos mencionado, el derecho de realizar actividades para explotar hidrocarburos se establece a través de Contratos, y por tal razón, este derecho no puede ser modificado (y una restricción de su ámbito implica una modificación) por normas o disposiciones de otro tipo. Es decir, lo que se advierte es que una disposición constitucional (artículo 62) establece la imposibilidad de  restringir derechos previstos en contratos a través de disposiciones legales, y de manera incoherente, una norma de rango legal habilita precisamente esta posibilidad de restringir derechos previstos en un Contrato. No es necesario ahondar en detalles para concluir que la incoherencia debe ser superada a favor de la norma constitucional, señalando que el ámbito del derecho otorgado a través de un contrato, que supone un acuerdo de voluntades, es posible de ser modificado únicamente a través de un posterior acuerdo de voluntades de las partes, y que no existe una habilitación constitucional para que en la Ley de Áreas Naturales Protegidas se haya incluido una norma como la prevista en el artículo 5°.

4.                 Problemas legislativos adicionales: Normas incluidas en la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que «permiten, autorizan o prohíben» la explotación de recursos naturales.

Un segundo grupo de normas que deben ser examinados bajo una regla de coherencia, son los artículos 21 y 27 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas:

«Artículo 21.- De acuerdo a la naturaleza y objetivos de cada Área Natural Protegida, se asignará una categoría que determine su condición legal, finalidad y usos permitidos. Las Áreas Naturales Protegidas contemplan una gradualidad de opciones que incluyen:

   a. Áreas de uso indirecto. Son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural. Son áreas de uso indirecto los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios Históricos.

   b. Áreas de uso directo. Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos, definidos por el plan de manejo del área. Otros usos y actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos del área. Son áreas de uso directo las Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, Bosques de Protección, Cotos de Caza y Areas de Conservación Regionales».

«Artículo 27.- El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área»

El análisis de coherencia puede ser realizado respecto de otros artículos que desarrollan aspectos similares pero vamos a enfocarnos en estos dos artículos por ser representativos del asunto que vamos analizar. Las disposiciones antes citadas forman parte de la regulación de Áreas Naturales Protegidas en relación con el tipo de uso (es decir, actividades) que pueden ser realizadas en el área. En primer lugar, se hace una clasificación en función del tipo de Área Natural Protegida (De Uso Directo o Indirecto), señalándose que las Áreas Naturales Protegidas de Uso Directo «permiten el aprovechamiento o extracción de recursos», y en el caso de Áreas Naturales Protegidas de Uso Indirecto, «no se permite la extracción de recursos naturales». Luego, en función de esta primera clasificación, se regula una zonificación interna de cada Área Natural Protegida mediante la cual se establecen los usos permitidos en el área; zonificación que se realiza en el marco de la aprobación del Instrumento de Gestión del Área denominado «Plan Maestro», estableciéndose en consecuencia que las actividades de aprovechamiento de recursos naturales pueden ser realizadas «si resultan compatibles con la categoría, la zonificación asignada y el Plan Maestro del área»

Según podemos apreciar, los artículos antes mencionados tienen como finalidad permitir o prohibir usos en el área declarada como Área Natural Protegida. Estas disposiciones no serían controversiales en tanto corresponden a una ley que implementa mecanismos de gestión de las áreas cuya creación tiene por objeto regular. Sin embargo, el problema se presenta cuando estas autorizaciones, restricciones o prohibiciones tienen efectos sobre derechos cuya asignación y ámbito de aplicación se encuentran reguladas bajo otro régimen. Y este es el caso precisamente de los derechos adquiridos para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos (y para explotar recursos naturales, en general).

En este punto de nuestro análisis ya tenemos claro que las condiciones para otorgar el derecho a particulares a explotar recursos naturales, debe ser fijado en una ley orgánica, de acuerdo a una disposición constitucional expresa (artículo 62 de la constitución). Este requisito se cumplió en el caso de explotación de hidrocarburos con la emisión de la Ley Nro. 26221 (Ley Orgánica de Hidrocarburos). Como es lógico suponer, nos resulta cuestionable que la Ley de Áreas Naturales Protegidas sea la norma habilitada para regular o tener efectos sobre los derechos de los Contratistas, quienes fueron calificados como personas habilitadas a explotar hidrocarburos a partir del acuerdo de voluntades manifestado en los correspondientes contratos. La respuesta a nuestro cuestionamiento es negativa, puesto que la Ley de Áreas Naturales Protegidas no es la norma habilitada para tal fin. En esa línea, la Ley de Áreas Naturales Protegidas no debería señalar expresamente que en una determinada área «se permite» la explotación de recursos naturales, y mucho menos que esta actividad «se prohíbe». Disposiciones de esta naturaleza resultan incoherentes con la disposición constitucional que habilita a un tipo de norma específica (Ley Orgánica) a regular las condiciones para otorgar este tipo de derechos. Y este es un problema recurrente que detectamos en las normas ambientales; se declara la intención de regular ciertos aspectos (derechos, actividades, habilitaciones) sin analizar si existe algún tipo de conflicto o incoherencia con el marco normativo vigente. Es una suerte de política de supremacía de las normas ambientales sobre otro tipo de normas¸ aun cuando una regla absoluta de un sistema jurídico debe ser que todo tipo de normas deben ser consideradas válidas, y su coexistencia debe ser analizada bajo un enfoque sistemático y no simplemente desconociendo la existencia de un problema de conflicto de normas. No existen normas más válidas que las otras, o normas que simplemente desaparecen cuando entran en conflictos con otras. La solución de incoherencia o conflictos en entre dos normas se realiza a través de una tercera norma derogatoria, pero el análisis se debe realizar protegiendo la coherencia del ordenamiento jurídico. Preferir normas sobre otras únicamente en base a intereses o derechos considerados superiores equivale a un iusnaturalismo que tiene poco de científico y mucho de ideológico.

5.                 Problemas jurisdiccionales: Soluciones ofrecidas por el Tribunal Constitucional, sin considerar todos los derechos constitucionales reconocidos.

Un problema adicional, que consideramos más serio debido a que se sustentan en declaraciones sobre casos concretos (los problemas legislativos aún pueden ser solucionados mediante criterios de interpretación), es un pronunciamiento emitido por el Tribunal Constitucional. Sin entrar a lo detalles del caso, podemos sintetizar que el mismo refiere precisamente a una exigencia del respeto del derecho adquirido por un Contratista para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, el cual sería vulnerado a partir de la creación de un Área Natural Protegida, con la consecuente posibilidad de que las actividades deban ser paralizadas hasta que se apruebe el Plan Maestro del área; es decir, se declare la zonificación de la zona y se indique, de manera expresa, las actividades permitidas y no permitidas[3].

El Tribunal Constitucional realiza un análisis basado en una serie de principios: Se hace referencia al Principio de Sostenibilidad, el Principio Precautorio (y su relación con el Principio de Prevención), el Principio Contaminador Pagador (y el cuidado que debe tenerse en su aceptación). Asimismo, enfoca su análisis en la protección de derechos relacionados con la protección ambiental, identificados bajo un concepto de «Constitución Ecológica». Luego de ello, señala la necesidad de realizar una interpretación sistemática conforme el detalle siguiente:

«16. En suma, de una interpretación sistemática del artículo 2°, inciso 22), y de los artículos 66º, 67º, 68º y 69º de la Constitución, se concluye que una manifestación concreta del derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia es el reconocimiento de que los recursos naturales -especialmente los no renovables-, en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un aprovechamiento razonable y sostenible, y que los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto»   

Luego, en el transcurso de su análisis, el Tribunal Constitucional señala que es necesario verificar si existe una superposición en el área otorgada para explotar hidrocarburos y el Área Natural Protegida. Una vez superada esta pregunta, procede a analizar si es posible que las actividades de explotación de hidrocarburos afectan o pueden afectar los intereses o derechos garantizados con la creación del Área Natural Protegida, concluyendo que, efectivamente, existe el riesgo de afectación, razón por la cual debe ordenarse la paralización de actividades hasta que el Plan Maestro decida qué actividades se encuentran permitidas y prohibidas.

¿Qué observamos del análisis del Tribunal Constitucional? Pues en primer lugar una total ausencia de la valoración del régimen de protección constitucional del Sistema de Contratos, previsto para la asignación de derechos a realizar actividades de explotación de hidrocarburos. La cita que referimos en párrafos anteriores da cuenta incluso de la mención de una serie de artículos de la constitución, con una evidente omisión del artículo 62 de la constitución. El análisis del Tribunal Constitucional se basa en un enfoque totalmente material de los derechos prioritarios contenidos en la «Constitución Ecológica», mencionando la necesidad de protegerlos y garantizarlos. Sin embargo, omite realizar un análisis sistemático de las consecuencias de su decisión al priorizar la regulación de derechos a través de los Planes Maestros, respecto de la coherencia con el régimen de asignación de derechos a explotar hidrocarburos. En ningún momento valora que la constitución estableció un régimen de protección de derechos adquiridos a través de contratos, evitando de este modo un aspecto importante de la valoración del caso sometido a su decisión.

De manera adicional, el Tribunal Constitucional se ampara en las disposiciones previstas en la Ley de Áreas Naturales Protegidas que hemos cuestionado en el presente trabajo. Es decir, señala su existencia para reforzar la posición sobre la prioridad del régimen de Áreas Naturales Protegidas sobre el régimen de asignación de derechos para explotar hidrocarburos (y por extensión, para cualquier recurso natural). El tribunal no realiza un análisis de sistematicidad de estas disposiciones legales que le sirven para tomar su decisión.

Un aspecto adicional que consideramos especialmente peligroso es que en el caso revisado por el Tribunal Constitucional se toma nota de la pre existencia del derecho otorgado al Contratista, en relación con la creación del Área Natural Protegida. Sin embargo, lejos de realizar un análisis sistemático de esta situación, se menciona lo siguiente:

«Al respecto, debe considerarse que las ANP son creadas por decreto supremo, con la aprobación del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Agricultura, lo que implica una serie de procedimientos previos entre la región interesada en la protección especial de cierta área con el Ejecutivo. Pero el fundamento por el cual el argumento planteado por el demandante debe ceder es la relevante valoración que se debe hacer de una ANP y la profunda incidencia que una afectación grave en su entorno puede provocar en la sociedad. A ello cabría sumar las demás incidencias sociales que tal daño, de ser irreversible, generaría en la dinámica social, económica y cultural de la región. No es, entonces, un criterio temporal o cronológico el que brinda una respuesta satisfactoria en el presente caso, sino que debe preferirse un criterio más amplio y comprensivo de los elementos que significan la creación de una ANP. De lo contrario, la normativa consentiría incoherencias que importarían un gran costo para la legitimidad de la jurisdicción»

Es decir, el Tribunal resta toda importancia a que el derecho otorgado a un Contratista sea pre existente al Área Natural Protegida, ello en el marco de la protección de intereses que considera superiores. De este modo, elimina el criterio temporal de su análisis, alejándose de cualquier intento  de revisión sistemática sobre el caso en concreto. Ya hemos mencionado que el análisis absolutamente materialista de una situación jurídica es igual de peligrosa que un análisis estrictamente formal; es un equilibrio de ambos aspectos lo que debe caracterizar a cualquier acto legislativo o jurisdiccional.

Es curioso que esta omisión sea realizada por un órgano que fue ideado en el marco de un esfuerzo liderado por Hans Kelsen (control concentrado de la constitucionalidad de las normas), ya que su postulado teórico siguió siempre la premisa de un método de conocimientos que considera la importancia de los conceptos puros o categóricos de acuerdo a una filosofía trascendental Kantiana; es decir, una epistemología jurídica que considera a los conceptos formales igual de importantes que la sustancia (los derechos tutelados), siguiendo el famoso postulado de Kant, para quien «los conceptos sin percepción son vacíos, de la misma manera que la percepción sin conceptos es ciega»[4]. Si hacemos un traslado de este postulado al análisis jurídico, podríamos decir que los conceptos puros o formales sin considerar los derechos tutelados serían vacíos, ajenos a la realidad, pero también un análisis valorativo estrictamente basado en los derechos tutelados, es un análisis ciego y asistemático, que peligrosamente se acercaría a la posibilidad de proteger intereses y no la seguridad jurídica. Al parecer, en esta ocasión la criatura de Kelsen decidió no seguir su enfoque filosófico.

6.   Conclusiones

En el presente trabajo hemos expuesto una problemática que se advierte de manera generalizada en el régimen ambiental: El enfoque asistemático de la protección de derechos, sin considerar el efecto sobre regímenes constitucionales también protegidos. En este caso, el régimen legal de Áreas Naturales Protegidas establece medidas que restringen el derecho de propiedad o el derecho obtenido por concesionarios para explotar recursos naturales, sin considerar que no cuentan con la habilitación constitucional para realizar este tipo de restricciones (como sí ocurre en el caso de expropiaciones, citado en la parte inicial), o sin tener en cuenta que implementan disposiciones de autorización o prohibición de actividades, cuando estas se encuentran protegidas bajo el ámbito del régimen previsto en los artículos 66 y 62 de la constitución. Y no solo ello, el riesgo generado por este enfoque unidimensional y asistemático de la protección de derechos ambientales es utilizado por el Tribunal Constitucional, quien omite peligrosamente analizar los aspectos vinculados con conceptos formales jurídicos como la vinculación lógica y formal de conductas permitidas en el marco de un régimen de asignación de derechos para explotar recursos naturales y un régimen de gestión de Áreas Naturales Protegidas. El resultado es el desconocimiento de la idea de sistema y coherencia en el desarrollo legislativo del marco normativo ambiental, lo que genera a final de cuentas más problemas que soluciones.

[1] El lector puede advertir que nuestras publicaciones están dirigidas a hacer notar un aspecto que consideramos esencial en todo tipo de análisis jurídico: los conceptos generales o categorías puras obtenidas desde un enfoque científico de los fenómenos jurídicos. Una publicación posterior brindará los detalles sobre nuestra convicción respecto de la importancia de la metodología científica en el análisis de cualquier asunto jurídico, método científico que tiene como mayor exponente y principal impulsor a Hans Kelsen, pero que significó el punto de partida de numerosos investigadores de la inicialmente denominada «Escuela de Viena» (Adolf Merkl, Alfred Verdross, Félix Kauffmann, Fritz Schreier, por mencionar algunos) así como trabajos previos y paralelos que siguieron e impulsaron un análisis científico del derecho (Rudolf Stammler, Giorgio del Vecchio, Walter Jellinek), impulsados por el enfoque epistemológico planteado por Kant, al exponer su filosofía trascendental (conceptos puros para la ciencia posible).

[2] Desde un punto de vista lógico formal, la validez de una norma jurídica se encuentra reducida a la validez de otra norma. Esto quiere decir que la posibilidad de exigir un derecho u obligación, en buena cuenta, un comportamiento por parte de un sujeto específico, se encuentra justificada básicamente porque una norma previó la posibilidad de que otro sujeto (en su función legislativa) tuvo la autorización para emitir una norma que exija un comportamiento general, aplicable a este sujeto específico. De manera general, este un intento de sistematiza la idea de la unidad del derecho bajo un enfoque de escalonamiento (la conocida pirámide jurídica, principal aporte de Adolf Merkl en el desarrollo de la Teoría Pura del Derecho, pero que por alguna razón ha pasado a ser reconocida en nuestra región como un aporte exclusivo de Han Kelsen).

[3] La sentencia puede ser revisada accediendo al enlace siguiente:

https://www.google.com.pe/search?q=sentencia+TC+cordillera+escalera&oq=sentencia+TC+cordillera+escalera&aqs=chrome..69i57j0.10836j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  (consultado en diciembre de 2018)

[4] Véase Ebenstein, William. La Teoría Pura del Derecho, traducción J. Malagón y Peña. Primera edición: 2004. (México), p-26. 

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